Colombia: derecho a la educación para jóvenes y adultos es vulnerado

05.12.2020 - Bogotá - Redaccion Colombia

Colombia: derecho a la educación para jóvenes y adultos es vulnerado
(Imagen de Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación)

La educación para menores de cinco años, jóvenes y adultos no está suficientemente garantizada en Colombia. A parte de las condiciones impuestas en las regiones por el conflicto armado, no existen garantías suficientes para el regreso a quienes han debido desertar, ni para quienes habitan zonas urbanas y rurales más pobres para hacerlo por primera vez, debido a la falta de condiciones para el acceso y precarias para la permanencia.

Por: Stephania Aldana Cabas

En audiencia pública celebrada el pasado 3 de diciembre, la agremiación de docentes para la enseñanza de jóvenes y adultos -EPJA-, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y una bancada del Congreso, estudiantes y docentes, se reunieron para evidenciar las limitaciones, los déficit y la falta de garantías para la educación entre la población joven y adulta, como un derecho fundamental. Desde Pressenza acompañamos este ejercicio al que también se suma la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), de la que hacemos parte.

Colombia ha ratificado el derecho a la educación a lo largo de la vida de sus ciudadanos y ciudadanas en distintos tratados internacionales, como en el Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS 4 y los referentes al Derecho Humano de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, así como en la misma Constitución Política, donde se establece en el artículo 67 que

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. [..] El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Al estar vigentes los tratados internacionales, el Gobierno Nacional está obligado a brindar y garantizar la educación a través de políticas públicas a menores de cinco años, jóvenes y adultos.

Reforma del artículo 67

En la audiencia pública se evidenció que “es necesario reformar el artículo 67, porque limita la responsabilidad del Estado, en cuanto a la edad de los colombianos para acceder a la educación y garantizar su cobertura”, indicó Blanca Cecilia Gómez, docente de la EPJA y miembro de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. 

El cambio en la legislación implicaría que el Estado colombiano estaría obligado a brindar educación a toda la población, tanto por el derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia, como por el pleno cumplimiento de los tratados internacionales que el país ha firmado. Además, los ponentes buscan que la reforma del artículo lleve a un cambio en la Ley 115, Ley General de Educación, en la cual esperan que se incluya a los mayores de 15 años y a los menores de cinco, en temas de garantía y cobertura en la educación.

Construcción de una política pública

Las diferentes coaliciones y agremiaciones en pro del derecho a la educación en Colombia, proponen un nuevo sistema educativo que sea incluyente, viable en las ciudades y en las zonas rurales. Así mismo, que garantice la cobertura y la permanencia de niños, niñas, jóvenes y adultos, pues según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 102.880 estudiantes de preescolar a undécimo grado, abandonaron durante 2020 el sistema educativo.

Igualmente, buscan que la construcción de políticas sea haga en conjunto entre los docentes, académicos, especialistas en educación, representantes estudiantiles, agremiaciones y el Ministerio.  

A la construcción de la política pública se ha sumado la congresista Griselda Lobo, del partido de la FARC, quien a través de la Comisión Sexta del Senado, ha impulsado la reforma de la educación nacional y propone que “la educación sea incluyente, llegue a todos los sectores y edades poblaciones. Así mismo, que sean educados entorno a lo que significa construir un país mediante actos de paz”.

Los panelistas de la audiencia pública denunciaron que la Directiva 05 de marzo de 2020 del Gobierno Nacional, en el marco de la Pandemia de la COVID – 19, señaló: “[…] se suspenden el ingreso de personas adultas y jóvenes para el siguiente ciclo hasta la vigencia 2021”, es decir, no continuaría la educación para esta población. Este hecho vulnera el derecho a la educación colombiana. Por ello, las agremiaciones se vieron obligadas a luchar por el derecho a la educación para este tipo de población, para que a pesar de la situación de emergencia sanitaria, estas personas puedan seguir recibiendo educación.

Ver: Ministerio de Educación suspende la educación de personas jóvenes y adultas en Colombia durante el 2do semestre 2020

Incrementar el presupuesto

La financiación de la educación -EPJA- fue otro de los temas tratados en la audiencia pública y se evidenció que el Gobierno Nacional designó en 2019 $613.211 pesos por alumno matriculado en la zona urbana y $822.915 por cada inscrito en la zona rural, según las cifras obtenidas del Departamento Nacional de Estadística (DANE).

Ante el monto girado, los panelistas indicaron que este rubro es limitado y se refleja en los escasos implementos académicos, materiales, baja inversión en ciencia, tecnología e innovación y, por lo tanto, el alto nivel de deserción por falta de garantías. Por esto, los docentes y estudiantes solicitan al Ministerio de Educación, incrementar el rubro destinado a la educación de las poblaciones que más lo requieren.

Al final de la audiencia, los integrantes de las distintas plataformas e instituciones del Estado, hicieron un llamado de atención a las autoridades educativas para darle relevancia a la educación de jóvenes y adultos, dado que esta les permite mejorar su condición de vida, cerrar brechas de desigualdad e injusticia social y formar una ciudadanía que, al mismo tiempo, aporte a la transformación del país.

Ver: Audiencia Pública – Garantías constitucionales para el derecho humano

Categorías: Educación, Sudamérica
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