Chile: Anatomía de la Desigualdad

29.11.2020 - Santiago de Chile - Redacción Chile

Chile: Anatomía de la Desigualdad
(Imagen de Julio Oliva)

Por Jorge Molina Araneda y Patricio Mery Bell

En Chile, de acuerdo a ciertas estimaciones, el 1% más rico captura cerca del 17% de los ingresos fiscales, mientras que el 10% más rico percibe más del 50% de todos los ingresos. Peor aún, estas cifras parecieran ser estimaciones conservadoras ya que cuando se incluyen las ganancias no distribuidas de las empresas (ganancias retenidas al interior de las firmas) las cifras resultan aún más alarmantes: solo el 1% del país percibe alrededor del 24% de todos los ingresos generados (Top incomes in Chile: a historical perspective of income inequality; 2019).

Según Marco Kremerman, de la Fundación SOL, en Chile hay más personas endeudadas que trabajadores remunerados. Mientras la fuerza de trabajo en Chile es de 8,5 millones de personas, hay 11 millones de ciudadanos mayores de 18 años con deudas. De ellos, 4,6 millones no las están pudiendo pagar… A veces piden nuevos créditos para afrontar viejas deudas. Esto sucede porque la mayoría de esos compromisos financieros son no patrimoniales, o sea, que no son para comprar bienes como una casa o un automóvil, sino para alimentarse, vestirse, pagar cuentas básicas o para educación y salud.

La pobreza se mide a través de los reportes de hogares de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). En ella se calculan los ingresos de los hogares, que para la gran mayoría provienen del trabajo, pero también reportan los subsidios del Estado, y el «alquiler imputado». La Fundación SOL concluyó que, si se tienen en cuenta solo los ingresos autónomos, principalmente del trabajo y las pensiones contributivas, la pobreza pasa de poco más del 8,9 por ciento oficial a casi 30 por ciento.

En la cuna del neoliberalismo, se privatizó todo: la salud, la educación, las pensiones, la riqueza, los medios de comunicación y el agua.

Pensiones

El modelo fue establecido en 1981, como el primer sistema de capitalización absolutamente individual, durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet, y obliga a los trabajadores a depositar cada mes cerca del 12 % de su sueldo en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las AFP invierten en los mercados en busca de rentabilizar sus fondos y obtienen beneficios millonarios, pero no entregan pensiones dignas a los jubilados, que reciben mucho menos dinero del que ganaban cuando trabajaban.

En casi 40 años, los fondos privados de pensiones de Chile lograron acumular US$ 200.977 millones, equivalentes al 80% del PIB nacional, con un enorme poder para dinamizar los mercados de capitales más que pagar buenas pensiones.

Hoy suman 10.9 millones de afiliados, aunque cerca de la mitad son cuentas activas. A junio de este año, el sistema entregó una pensión promedio de $195.000 (US$ 250), casi 40% por debajo del salario mínimo y muy lejos de la promesa de pagar al año 2020 el 100% del último salario, aún en aquellos casos de los trabajadores más beneficiados, quienes se jubilan con 30% a 40% de sus remuneraciones.

Educación

Las principales transformaciones del sistema se desarrollaron a nivel institucional, normativo y financiero. En pocos años se generó una transferencia y desconcentración de la administración de los establecimientos educacionales desde el Estado a los municipios, se cambió la forma de asignación de los recursos a las escuelas desde un pago de presupuestos hacia un pago de subvención por asistencia de estudiantes, se propició y fomentó el surgimiento de escuelas privadas con financiamiento estatal y se desmanteló y disminuyó el estatus laboral de los docentes.

La lógica de estos cambios apuntó a la construcción de un sistema basado en la competencia y organizado en torno a la idea de mercado educativo. Siguiendo las ideas del neoliberalismo económico de Milton Friedman, los encargados de la revolución tecnocrática generaron transformaciones del sistema que buscaron desarrollar un modelo donde oferentes y demandantes transaran con libertad un bien que se consume (la educación) y se emula así la lógica y funcionamiento de los mercados económicos en el espacio educativo.

Mientras en 1981, cerca del 15 por ciento de la matrícula era privada, en 2010 este número se incrementaba por sobre el 40 por ciento, con la consecuente disminución de la matrícula pública en más de 30 por ciento durante el periodo. Este proceso de privatización se ha visto desarrollado con base en la creación de miles de nuevas escuelas privadas.

El crecimiento del sector privado ha generado una segmentación socioeconómica de los establecimientos, ya que los establecimientos públicos tienden a concentrar a los estudiantes vulnerables, mientras que las escuelas subvencionadas incluyen a estudiantes de nivel medio-bajo, medio y medio alto, y las escuelas privadas atienden a los estudiantes de la élite. En esta línea, se ha comprobado que, en términos socioeconómicos, la segregación entre escuelas se produce desde los primeros años de escolaridad, en magnitudes elevadas y estables a través de los distintos años del ciclo escolar. Por otra parte, se ha indicado que la segregación académica entre escuelas es muy elevada en la enseñanza media.

La educación universitaria fue gratuita en Chile hasta 1981, cuando la dictadura simplificó los requisitos para la creación de universidades privadas. Estos centros se multiplicaron hasta superar los cuarenta en un esquema de mercado en el que tenían libertad para fijar el valor de sus matrículas. Al mismo tiempo, se redujo el aporte estatal a las universidades públicas ya existentes, que también comenzaron a cobrar las matrículas a los estudiantes como una manera de mantenerse competitivas.

El resultado actual de ese modelo es una amplia oferta de universidades privadas de dudosa calidad y matrículas carísimas, que obligan a los estudiantes a pedir créditos avalados por el Estado para financiar sus estudios. Esto lleva a que muchos universitarios se titulen y empiecen a trabajar, pero pasan los primeros años de su carrera laboral pagando deudas con los bancos.

Sistema de salud

Los trabajadores deben cotizar en Chile por lo menos el 7% de sus remuneraciones en planes de salud y pueden elegir entre hacerlo en el sistema público, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), o en el privado, sustentado por las Instituciones de Salud Previsional (Isapres).

Unos 14 millones de trabajadores están afiliados a Fonasa, muy criticado por los pacientes por la mala atención en los hospitales, largas esperas para obtener una cita médica, incluso en urgencias, y las malas condiciones de los establecimientos.

Un cambio significativo en la política de salud de Chile se produjo también a comienzos de la década de 1980 cuando se dio un fuerte impulso a la atención médica privada. Se crearon las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), intermediarias financieros para la atención médica sobre la base de un impuesto sobre los salarios. Las Isapres, que cubren a las personas de mayores ingresos, ofrecen planes más caros y con coberturas más bajas a las mujeres y los ancianos.

El sistema ISAPRES, que cubre alrededor de 15 por ciento de la población, se ha caracterizado por serias restricciones de acceso al sistema, multiplicidad de planes de atención variable pero alto costo para quienes han optado por afiliarse al mismo, incremento anual inconsulto del costo de los programas de atención y desmesuradas ganancias corporativas

Chile tiene una situación muy deficitaria de médicos y enfermeras, de camas hospitalarias y de medicamentos genéricos, como lo revelan datos de la OCDE: en comparación con los países integrantes de esa organización, Chile muestra un menor número de médicos (1,7 x 1.000 hab.) que el promedio de los otros países (3,2 x 1.000 hab.), menor número de enfermeras (4,2 x 1.000 hab. versus 8,8 x 1.000) y menor tasa de camas hospitalarias (2,1 x 1.000 hab. versus 4,8 x 1000), así como el porcentaje de medicamentos genéricos en el mercado es de 30 por ciento en Chile y de 75 por ciento en los países de la OCDE.

Menos de 50 por ciento de los médicos trabajan en el sector público y una mayoría en el sector privado, atraídos por más cómodas condiciones laborales y mayores ingresos económicos.

El costo de los medicamentos es desproporcionado y existe un oligopolio de la industria farmacéutica que fija de manera arbitraria los precios e, incluso, en ocasiones se ha coludido para aumentarlos de modo injustificado.

El número de hospitales y la disponibilidad de camas hospitalarias es con claridad insuficiente y muchos establecimientos muestran precarias condiciones en su infraestructura y, en algunos casos, condiciones indignas de funcionamiento. En el sistema público el acceso de la población a la atención médica en consultorios periféricos suele ser en extremo dificultoso y, a veces, dramáticas por trabas burocráticas y deficiencias organizativas.

Las personas deben madrugar para conseguir un número para ser atendidas horas después; las listas de espera para exámenes de laboratorio, exploraciones instrumentales e intervenciones quirúrgicas son interminables; el acceso a especialistas cuando se requiere es restringido, en particular en ciudades y poblados pequeños; la disponibilidad de camas de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos es insuficiente y el acceso a ambulancias en situaciones de emergencia suele ser tardío.

La cobertura de la atención odontológica es limitada: la OMS recomienda 1 dentista por 2.000 habitantes; se estima que Chile tiene alrededor de 18.000 odontólogos, 1 x 958 habitantes; de ellos, apenas alrededor de 4.000 trabajan en el sector público de salud.

Por otra parte, si se observa que el sistema privado de salud el cual atiende a alrededor de 15 por ciento de la población —los de mayores ingresos— tiene una infraestructura moderna e incluso lujosa, el acceso a la atención médica ha mostrado numerosos aspectos negativos siendo no menor entre ellos un costo de las prestaciones que la inmensa mayoría de la población no puede solventar y, cuando lo hace, es al costo de un endeudamiento agobiador. La concepción de la medicina y la salud como un negocio es la principal limitación del sector privado y ha sido la principal herencia de la posdictadura.

El gasto de bolsillo en salud es elevado en Chile: 4,6 por ciento mientras en el promedio de los países pertenecientes a la OCDE es de 2,86 por ciento, lo cual, en términos de equidad social, revela una de las deficiencias más graves del sistema.

Todo lo anterior nos conmina a modificar de un modo sustantivo el modelo neoliberal aplicado en Chile, lo cual no será solo tarea privativa de los convencionales constituyentes al redactar un nuevo Código Político, sino de la ciudadanía crítica en pleno… Es hora ya de actuar como personas de pensamiento y pensar como ciudadanos de acción.

Categorías: Economía, Opiniones, Sudamérica
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