El 9 y 10 de septiembre de 2020 se afectó gravemente la Democracia

03.10.2020 - Bogotá - Democracia en Riesgo - Redaccion Colombia

El 9 y 10 de septiembre de 2020 se afectó gravemente la Democracia

Carta Abierta

Bogotá, 28 de septiembre de 2020.

 

Señora

Alicia Arango

Ministra del Interior

 

Organizaciones sociales que conformamos #DemocraciaEnRiesgo hemos venido alertando sobre cómo la pandemia del Covid 19 ha sido utilizada como excusa para afectar gravemente al Estado de Derecho y la Democracia Colombiana, lastimosamente buena parte de nuestras preocupaciones se materializaron en los dolorosos y repudiables hechos que se presentaron 9 y 10 de septiembre en los que fueron asesinadas trece personas en Bogotá y Soacha y en las que más de sesenta resultaron heridas con armas de fuego. En Bogotá esa noche se suspendió de facto el Estado de Derecho, las copiosas denuncias y videos en los que se evidencia a la policía disparando, golpeando personas y afectando los inmuebles de cientos de ciudadanos son apenas una muestra de eso.

Uno de los presupuestos esenciales de un Estado de Derecho es la sujeción del poder militar al poder civil democráticamente elegido por las y los ciudadanos, sin embargo, tal y como lo denunció la propia Alcaldesa Claudia López todo indica que en la noche del 9 de septiembre este hecho no ocurrió y un número importante de Policías actuaron desconociendo las instrucciones impartidas desde la Alcaldía. Este accionar absolutamente peligroso para una democracia ha sido reforzado por las Declaraciones del General de la Policía Hoover Perilla en las que afirma que la policía no necesita autorización para utilizar sus armas y va en la vía del decreto 418 de 2020 expedido por Iván Duque en el que se afectan las competencias a alcaldes y gobernadores en materia de orden público.

Es necesario señalar que si bien es cierto los hechos más graves ocurrieron en Bogotá y Soacha, también se presentaron repudiables hechos de violencia policial en Medellín, Cali, Cartagena, Villavicencio, ente otras ciudades, hecho que da cuenta de una realidad nacional muy alejada de poder ser considerada como un caso aislado.

Hemos alertado también sobre la afectación que han sufrido los derechos a la participación ciudadana y la protesta social especialmente durante la pandemia del Covid 19, hecho que quedó corroborado en la forma violenta en la que se han tratado a miles de personas que durante estos días se han movilizado en distintas ciudades del país.

Hemos sido enfáticos en la importancia de contar con poderes públicos  independientes que garanticen el funcionamiento de pesos y contra pesos y la plena vigencia de los Derechos Humanos, hacemos un llamado para que en este grave caso, cada uno de ellos actúe de forma diligente y objetiva de acuerdo a sus competencias constitucionales, a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación, le demandamos las sanciones disciplinarias y penales correspondientes, a la Defensoría del Pueblo un enfático pronunciamiento y la observancia de los derechos humanos de la ciudadanía movilizada.

De igual forma hemos planteado que diversas medidas tomadas por el Presidente Iván Duque han derivado en una seria afectación de la descentralización política consagrada en la Constitución del 91 y en las competencias que tienen Gobernaciones y Alcaldías para ejercer sus mandatos en las respectivas entidades territoriales elemento que también se presentó en la forma en la que desde el ejecutivo nacional se abordaron los hechos ocurridos en las noches del 9 y 10 de septiembre y los días posteriores.

Coincidimos con quienes demandan la necesidad de una urgente y profunda reforma a la Policía que la saque de la orbita del ministerio Ministerio de Defensa, pasando a ser un cuerpo eminentemente civil, respetuoso de los Derechos Humanos, que cuente con mecanismos de ingreso, formación, carrera profesional y procedimientos garantes de derechos y libertades del pueblo colombiano.

Cuando la policía o el ejército dispara contra la ciudadanía inerme se rompe el pacto fundante del Estado de Derecho y por ende la legitimidad misma de las fuerzas militares, es supremamente peligroso el argumento esgrimido por el Ministro de Defensa según el cual todos los atropellos y violaciones a los Derechos Humanos cometidos en estos días no pueden ser denunciados o rechazados en tanto provienen de las “autoridades” y cualquier cuestionamiento es un ataque a la institucionalidad, nada de eso, lo claro y fundamental es que en las Democracias son precisamente las instituciones y los funcionarios públicos quienes tienen mayor obligación de actuar con apego a la Constitución, las leyes y los diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

Rechazamos los esfuerzos por instalar una narrativa bajo la cual toda protesta social e inconformidad ciudadana es entendida como amenaza terrorista y como producto del designio de las insurgencias armadas, dicha narrativa además de ser absolutamente conveniente para la consolidación de proyectos políticos autoritarios, busca encubrir la enorme cantidad de problemas que existen en nuestra sociedad y la ausencia de canales institucionales efectivos mediante los cuales se reconozca de manera real la participación y demandas de la ciudadanía, de igual forma este discurso busca retroceder al país a los momentos más difíciles del conflicto armado previos a la firma del Acuerdo Final de Paz.

Hacemos un llamado al pleno restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, lo que necesariamente pasa por el respeto a las autoridades locales democráticamente elegidas, el no abuso de los poderes especiales conferidos con ocasión del estado de emergencia, la garantía plena de todos los Derechos conculcados a la ciudadanía   por el acatamiento de los fallos de las autoridades judiciales entre ellos y de forma muy importante el recientemente proferido por la Corte Suprema de Justicia que obliga a diferentes poderes públicos entre ellos el ejecutivo nacional a tomar medidas efectivas para frenar el abuso policial y garantizar el Derecho a la Protesta.

Categorías: Comunicados de Prensa, Derechos Humanos, Política, Sudamérica
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